Una visita cargada de futuro

Por: Miguel Ángel Noceda

Una visita cargada de futuro

La visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el próximo mes de junio a España tiene, más allá del reforzamiento de las relaciones entre los dos países, una visión de alcance empresarial. Por un lado, Peña Nieto, que vendrá acompañado por una amplia delegación de empresarios, tratará de buscar inversiones para desarrollar distintos proyectos de su Gobierno, sobre todo en el campo energético. Por otro, intentará formalizar las relaciones entre Repsol y Petróleos Mexicanos (Pemex).  

Entre los empresarios que acompañarán al presidente mexicano, que se verá con el Rey Juan Carlos y se entrevistará con Mariano Rajoy, se da por seguro que figuren el presidente de Pemex y amigo suyo, Emilio Lozoya, y el de la cementera, Lorenzo Zambrano, que en estos momentos tiene pendiente de arreglar su deuda con la Agencia Tributaria española y que le puede acarrear una multa de más de 450 millones.

En este caso, es un asunto privado en el que ha habido distintas apreciaciones sobre la normativa fiscal, pero en el que poco puede influir Peña Nieto, aunque se interese por el estado de la situación y de las relaciones. Además, probablemente, cuando llegue a España ya se habrá resuelto. Pero el centro de atención está en la petrolera, que es otra cosa. Pemex es una entidad pública controlada por el Estado y, por tanto, el Gobierno tiene mucho que decir.

Aunque en el entorno diplomático se espera que, al menos hasta que el máximo mandatario mexicano venga a España, se produzca un impasse en el que se entierre el hacha de guerra, otras fuentes sostienen que  solo es  apariencia. Estas fuentes sostienen que, tras la junta de Repsol del 28 de marzo en la que Pemex se opuso a las medidas de blindaje propuestas por el grupo español, sus responsables han seguido meneando el árbol de la discordia y buscando pactos con otros posibles accionistas. Aseguran que Pemex ha  planteado una toma de participación de Repsol a un grupo ruso para  alinearse con sus intereses. Esta tentativa, que no sería bien vista por el nucleso duro de accionistas, recuerda el pacto de sindicación de acciones que en su día firmaron Pemex y Sacyr para tomar el control del grupo. 

Esta asechanza contrasta con el clima que habría alcanzado tras la visita hace algunas semanas a Lozoya de Isidro Fainé, presidente Caixabank y vicepresidente de Repsol, con el conocimiento de Antonio Brufau, presidente de Repsol. Dicho pacto pasaba por recuperar una relación cordial. Asimismo, según otras fuentes, se habría planteado la posibilidad de que Repsol participe en proyectos de prospección y explotación de hidrocarburos con Pemex, así como en el Plan Energético que puso en marcha el Gobierno de Peña Nieto.

Fainé no se vio en aquel viaje con este, con el que ya ha estado en dos ocasiones en el escaso año y medio que lleva en el poder. Caixabank tiene una alianza estratégica con Inbursa, el brazo financiero del empresario mexicano Carlos Slim, para abrir oficinas en México en 2014.

Sobre el asunto de Pemex, la embajadora de México en España, Roberta Lajous, aseguró el viernes en el Foro España Internacional que “nunca hubo intención” por parte de Pemex de segregar y apropiarse de los activos. Lajous hizo “votos por que las diferencias que en algún momento hubo las podamos dejar atrás”. Quiso quitar hierro al asunto al atribuir a “lecturas de la prensa” y a la trascendencia del enfrentamiento “de lo que ha habido en realidad”.

La embajadora destacó la importancia de la relación entre un país exportador de petróleo como México y uno importador como es España, pero a la vez garantizó que hay un “terreno amplísimo” para que las empresas españolas puedan invertir en el sector de la energía en México. La embajadora defendió, en ese sentido, las reformas llevadas a cabo por Peña Nieto en su primer año de mandato, fruto del Pacto por México, que dan, dijo, “certidumbre jurídica” para las inversiones.

Esta reforma, que se ha estado debatiendo desde hace 18 años por los distintos gobiernos mexicanos, permitirá la incorporación de empresas privadas en la explotación de hidrocarburos, un sector que es monopolio del Estado desde 1938.

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