Puigdemont, expatriado judicial

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La actuación de la Fiscalía en relación con Puigdemont y la declaración unilateral de independencia (DUI) está guiada por un doble propósito. En primer lugar, aplicarle la ley con rigor, pero con sentido de la medida. Y en segundo lugar, aplicársela fuera de Catalunya. A Puigdemont, en suma, se le va a convertir en un expatriado judicial. ¿Por qué? ¿Para “humillarlo”? ¿Para ponerle de rodillas ante la “justicia española”? No, nada de eso. De lo que se trata es de sacarle de los órganos judiciales de Catalunya. Pero por motivos estrictamente prácticos. ¿Qué motivos son esos? Principalmente, los que habrán de impedir que cada vez que haya una citación judicial el Arc del Triomf se convierta en una pasarela del independentismo. Lo que no quiere la Fiscalía es que a cada declaración ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le corresponda una concentración de alcaldes o de ciudadanos de a pie en un mar de banderas esteladas.

La tesis que defiende la Fiscalía –y en general la judicatura- es que a la administración de justicia le conviene tranquilidad. El acto de enjuiciar, y de investigar al enjuiciado, casa mal con el ambiente que generan las manifestaciones callejeras. A la justicia le resulta más difícil mantener el equilibrio entre las bandejas de la balanza que sujeta en su mano derecha si alrededor hay indignación y griterío. Pasa lo mismo con las instituciones parlamentarias. Por eso la ley prevé que no pueda haber manifestaciones en los alrededores de los Parlamentos, aunque a veces este precepto se salta a la torera, con el consiguiente resultado de cargas policiales y desórdenes públicos.

 

Ahora bien, no nos engañemos. No se trata sólo de evitar que la investigación que se abre a Puigdemont, su Govern y la Mesa del Parlament progrese simplemente de manera más o menos serena. Se trata también de evitar que los órganos judiciales puedan, a su vez, sentirse presionados por el ruido ambiental. Los precedentes cuentan. Todo el mundo podrá recordar las imágenes de los alcaldes, vara en mano, ante las puertas del TSJ de Catalunya, a los pies de las maravillosas pinturas de Sert que el edificio alberga. Eso es lo que la Fiscalía quiere que no se produzca. Por eso, fundamentalmente, Puigdemont se va a convertir en un expatriado judicial. Y en términos procesales le conviene, desde luego, desplazarse a Madrid en cuanto le llamen a declarar. La Fiscalía ya le ha advertido de que, en caso contrario, pedirá su detención. Pero de momento no la ha pedido. Un signo de que, en efecto, se pretende aplicar la ley con rigor, pero sin perder equilibrios básicos. Para entenderlo, vuelvan a mirar la estatua que representa la justicia. Comprobarán que, en efecto, en la mano derecha lleva la balanza. Pero en la izquierda, y en reposo, lleva una espada. Su función no es blandirla, pero ahí está, flanqueando a la diosa Iustitia y sus ojos vendados.

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